El Estado debe indemnizar a los hacendados del Cauca.
Desde hace décadas el Departamento del Cauca es un territorio en donde coexisten el desarrollo agrícola, representado por las haciendas dedicadas, en su mayoría, a la agricultura, y la tradición ancestral representada por las comunidades indígenas. Esta situación ha generado conflictos permanentes, entre otros asuntos, en torno de la distribución de la tierra, pues los indígenas reclaman como suyos predios adquiridos legítimamente por otras personas.
Aunque son muchas las peticiones y exigencias que hacen los pueblos indígenas al Estado colombiano, algunas con causas nobles, la solicitud de adjudicación de predios ajenos ha generado un problema de orden público en el departamento.
Esa exigencia se ha adelantado bajo la consigna de la “recuperación de la madre tierra” que se traduce, básicamente, en invasiones reiteradas e incursiones violentas y sistemáticas a predios de propiedad privada, en las que se adelantan jornadas de quema y corte de caña, agresiones físicas a los propietarios y trabajadores de las haciendas y el hurto de maquinaria y herramientas de trabajo. En la actualidad el problema es tan grave, que hay varios predios que están invadidos por las comunidades indígenas y sus propietarios no pueden acercarse a ellos por las amenazas de muerte que hay en su contra.
Los problemas que afectan al Cauca son fruto del abandono de esa región por el Estado, y es precisamente la falta de presencia de institucionalidad y autoridad la razón en la que justifican las comunidades indígenas su forma de proceder y de reclamar los derechos que consideran vulnerados. Sin bien es cierto que las acciones de los indígenas son reprochables, y en la mayoría de los casos ilegales, no es menos cierto que, el Estado es responsable, por lo menos desde el punto de vista patrimonial, por los perjuicios que han padecido los propietarios de las haciendas que han sido vandalizadas e invadidas.
La responsabilidad del Estado colombiano por los daños que han padecido los propietarios y los trabajadores de los predios afectados es la consecuencia constitucional, en virtud de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90, por sus incumplimientos y omisiones.
Dentro de las fallas más graves del Estado frente a esta situación están, entre otras, el incumplimiento por parte del Gobierno de varios acuerdos que se han suscrito a lo largo de los años con los indígenas del Cauca. Las promesas gubernamentales no satisfechas han generado en las comunidades indígenas, según sus líderes, la necesidad de apremiar su cumplimiento a través de las vías de hecho, pues consideran que es la única forma de hacerse visible ante las diferentes autoridades y de reclamar el cumplimiento de los pactos.
